A raíz de la crisis económica generada por el Covid-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 560 de 2020 que tiene como objetivo crear un sistema de recuperación empresarial que ayude a la preservación de la empresa, el empleo y el crédito.
Teniendo en cuenta que este decreto adopta medidas transitorias especiales en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en Mesfix queremos brindarte toda la información y aclararte todas las dudas que tengas al respecto.
En el siguiente artículo, te explicaremos los pilares sobre los cuales está sustentado el Decreto Ley 560, a quiénes les son aplicables las disposiciones, la vigencia del decreto, las nuevas herramientas de negociación extrajudicial expedita, entre otros.
¿Por qué se creó el Decreto Ley 560 de 2020?
Este decreto es una de las grandes apuestas del Gobierno Nacional para ayudar al sector privado a afrontar eficazmente los efectos de la pandemia, a través de varias herramientas de recuperación y salvamento empresarial como las negociaciones expeditas, los mecanismos de alivio financiero y reactivación, los beneficios tributarios y la suspensión de normas.
¿Cuáles son los pilares que sustentan este decreto?
El Decreto Ley 560 de 2020 está sustentado en 4 pilares:
- Creación de herramientas extra-judiciales de negociación expeditas
- Creación de mecanismo extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito: Por ejemplo, se generan incentivos de prelaciones y garantías para créditos nuevos en la etapa de negociación judicial, se reducen los requisitos formales para admisión a los procesos, se permite el pago de pequeñas acreencias y venta de activos para su pago sin autorización judicial y se crean mecanismos de mejoramiento del flujo de caja de la empresa que facilita la celebración de acuerdos.
- Beneficios Tributarios
- Suspensión de normas y obligaciones legales: Se suspenden algunas normas y obligaciones legales con el fin de preservar las empresas y facilitar el manejo del orden público económico, tales como la causal de disolución por pérdidas.
¿Por cuánto tiempo se creó este decreto?
Las disposiciones del Decreto Ley 560 de 2020 entraron a regir desde el 16 de abril de 2020 por un término de hasta 2 años, es decir, hasta el 16 de abril de 2022.
¿Quiénes pueden aplicar?
Las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del Régimen de Insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006, sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, que se hayan visto afectadas por la crisis empresarial producto del Covid-19.
Ley 1116 de 2006 o Insolvencia Empresarial: todo lo que necesitas saber
¿Cómo se tramita la solicitud de admisión a los mecanismos establecidos en el Decreto Ley 560 de 2020 y ante cuáles entidades se debe realizar?
El deudor debe acreditar que se encuentra afectado por la pandemia originada por el Covid-19 y adicionalmente debe anexar los documentos exigidos en la Ley 1116 de 2006 y sus normas complementarias. Para poder llevar a cabo los acuerdos de reorganización, los deudores lo deben hacer en la Superintendencia de Sociedades o jueces civiles, o también pueden optar por un procedimiento de recuperación empresarial en las Cámaras de Comercio
¿Cuáles son las dos nuevas herramientas de negociación extrajudicial expedita?
El Decreto Ley 560 de 2020 introdujo dos nuevas herramientas que permiten la solución pronta y adecuada de la crisis de la empresa y la atención de diferentes sectores de la economía: el proceso de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y el procedimiento de recuperación empresarial.
¿Qué es el proceso de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización?
El proceso de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización indica que los deudores tienen la posibilidad de negociar sus obligaciones con los acreedores -por un término de tres meses- con el objetivo de llegar a un acuerdo. Vale la pena resaltar que durante este tiempo, se suspenden los procesos de ejecución, restitución y de cobro al deudor.
Este proceso debe tramitarse ante la Superintendencia de Sociedades o ante los jueces civiles del circuito según corresponda por la competencia.
¿Qué es el procedimiento de recuperación empresarial?
Este proceso está destinado a deudores sujetos al régimen de insolvencia de la Ley 116 de 2006 y personas excluidas del régimen de insolvencia, siempre que no estén sujetas de manera obligatoria a un régimen especial de recuperación.
En este caso, las Cámaras de Comercio directamente o a través de su centro de conciliación ofrecen un escenario en el cual los acreedores y deudores estén acompañados de un mediador para que puedan definir la negociación de las deudas en un periodo de máximo 3 meses.
Durante este plazo se espera que las partes lleguen a un acuerdo, y adicionalmente se suspenden los procesos de ejecución, restitución y de cobro al deudor.
¿Cuál es el impacto para los acreedores?
Tal cual se ha explicado con anterioridad, el Decreto Ley 560 de 2020 es un instrumento legal que tiene como finalidad proporcionar soluciones efectivas y ágiles para las empresas. En este sentido, pretende que los deudores puedan renegociar los compromisos adquiridos con sus acreedores a través de acuerdos de pago. Así, pueden continuar operando como empresa, preservar empleos y cumplir con sus obligaciones.
Según la Superintendencia de Sociedades, en el 2020 se recibieron un total de 1.292 solicitudes de insolvencia empresarial. De esta cifra, 1.002 fueron casos de reorganización y 290 de liquidación.
En Mesfix te brindamos la mejor asesoría y acompañamiento si una empresa pagadora (o cualquiera de las fuentes de pago) de la subasta a través de la cual invertiste, se acoge al Decreto Ley 560 de 2020.
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